ESTA ENTRADA SUSTITUYE A UNA QUE REALICÉ EN SEPTIEMBRE DE 2011 Y QUE POR PROBLEMAS TÉCNICOS SE HA PERDIDO.
Asistiremos al siglo XIX como el intento de erradicar el control y las teorías religiosas de la iglesia en las aulas, un enfrentamiento que sintetiza el deseo de control por parte de ambos, estado e Iglesia, de la enseñanza. Son dos etapas las que podríamos entrever gracias a la evolución de las leyes y actitudes de los diferentes gobiernos.
Una primera etapa de ensayos e instauración de los preceptos liberales, durante la primera mitad de siglo, los cuales, con el fin de preparar al ciudadano para tal fin se publicaba en boletines; era una etapa caracterizada por la institucionalidad de la enseñanza, reflejada en la ley Moyano.
Una segunda etapa, más caracterizada por los cambios y la cesión a la iglesia de la potestad educativa1.
Comienzan con la constitución de 1812 los preceptos básicos liberales, en los que se incluye como base el papel de función y responsabilidad del estado sobre la educación. Aunque la moral y religión católica no se abandona, si se expulsa al clero de su control. Posteriormente, el informe del Director General de Estudios, Manuel José Quintana, redactará los principios básicos que han de regir la nueva educación, la cual debe ser de interés público y regulada por el estado, con el fin de crear buenos ciudadanos, instruidos para que colaboren en el avance del estado y sobre todo cristianos2.
No solo plantea la igualdad en las aulas, y esta solo encaminada a la coeducación, no a la educación mixta, o la universalidad en la enseñanza, que por consiguiente será gratuita, sino también estructura la enseñanza en los tres niveles que conocemos actualmente y regula el régimen del profesorado, dividiéndolos en catedráticos y ayudantes. Esta normativa incluye a los centros de titularidad privada, que en su mayoría están regidos por la iglesia, pero sometidos a la intervención estatal. No es más que el reflejo de los planteamientos franceses, una educación centralizada para facilitar su control absoluto.
A pesar de su escasa vigencia, en 1836, el Duque de Rivas, basado en un liberalismo moderado, minará algunos de los preceptos que en leyes anteriores respaldaban la universalidad de la enseñanza. La gratuidad en primaria se limitó y con un severo examen de ingreso se conseguía que el acceso a secundaria fuese solo para clase acomodadas. La educación no debía ser para cualquiera, pues rea un bien muy preciado que tan solo unos pocos sabrían disfrutarlo.
El Plan Pidal de 1845 continuará con esta tendencia a la centralización extrema y control sobre todos los centros, incluidos los privados. Es tal el intervencionismo del estado que, como ejemplo, la universidad pasó de una reforma y renovación en las ciencias y la física, alejadas de la escolástica para potenciar lo empírico a depender de nuevo de preceptos más académicos.
Pero a la vez se observa que los nuevos preceptos moderados se acercan cada vez más a la secularización de la enseñanza. La iglesia, agraviada años atrás con los decretos de Espartero sobre ventas de bienes eclesiásticos y con su abandono económico, verá ahora como es recompensada gratamente. Por necesidades políticas, pues la corona necesitaba el apoyo episcopal, o necesidades meramente económicas, ya que el impulso educativo era difícil de costear, a partir del concordato con la santa Sede de 1951, y la la Real Orden 7/10 de ese mismo año, la enseñanza se impartirá conforme a las doctrinas cristianas y las autoridades diocesanas podrán vigilar las escuelas públicas. Ya anteriormente, la corona, había acercado posturas con la iglesia en 1844 cuando se paralizan las ventas de bienes católicos y se promulga que puedan adquirir nuevos. Pero es a partir de los años 50 cuando la iglesia accede a este nuevo sistema iliberal matizado, en el que admite la intervención del estado en la elección de su jerarquía eclesiástica a cambio de recuperar el dominio en las aulas.
Este atraso doctrinal se cristaliza con Claudio Moyano y su ley de 1857, la primera ley de educación, la cual, a pesar que solo sea una refundación de las anteriores, sentará las bases del futuro de la educación, y en concreto, de su estructuración. El pensamiento moderado continuará con el en una educación no para todos (gratuita solo para pobres de solemnidad) y en donde la iglesia ejerce su influencia, ya sea por concesiones directas o a través del sector privado. El panorama educativo queda con un estado que debido a problemas de financiación le cuesta establecer una educación para todos. Las escuelas son financiadas por el Ayuntamiento a través de la Junta Local de Intervención Pública y los institutos a través de las Diputaciones. La ley especificaba otras formas de financiación ante la precariedad de algunas de ellas, como las rentas que poseían o llegaran a adquirir y las retribuciones que deben percibir por dotación, presupuestos municipales, provinciales o estatales (Ñacle, A. 2006).
Para el estado, las instalaciones deberían mantener unos mínimos de salubridad, idea que también valoraban los Krausistas. Debían estar bien ventiladas, con muy buena iluminación, las aulas o “Cátedras” con la proporción necesaria para admitir a los alumnos, bancos en semicírculo y tener el suficiente equipamiento escolar, como pizarras o libros, como los de Merelo o Moreno Espinosa3. Pero por lo general no sucedía así, el estado recurría a locales o edificios antiguos, mal condicionados, con humedades y derrumbes. No es extraño encontrar en los legajos del Archivo Histórico Provincial de Albacete las transcripciones de las sesiones del Ayuntamiento donde se denuncian la imposibilidad de dar clase a los alumnos por peligro de derrumbe del techo o humedades en las aulas. Otro tipo de denuncias era el escaso sueldo de los profesores, 1.000 pesetas al año, con el que apenas podía subsistir y obligándose a recurrir a dar clases para los Encargados de Cátedra en calidad de pensionistas.
Las quejas no eran escasas ya que en Albacete capital se llegaron a alquilar hasta más de 8 casas donde impartir clases. Pero al ver las cifras de escolaridad se entiende como normal y necesario esta práctica, pues en la provincia de Albacete, las 120 escuelas que existían en 1850 daban cobijo a 5.899 alumnos, entre público y privado. Antes de la ley Moyano, ya existían 140 alumnos en la escuela superior pública, en la elemental pública 319 y en la privada 140 alumnos. Es interesante destacar que el alumnado femenino ascendía a casi 220 alumnas, entre público y privado por igual, frente a los niños que estaban escolarizados un total de 240. reseñable es que en el sector privado tan solo estaban matriculados 30 niños y que en la enseñanza superior las niñas no aparecen. Este dato nos hace pensar que todavía está arraigada la idea que la mujer, con una enseñanza míni9ma, debía atender su casa y su marido, posibilitándole el acceso a estudios superiores.
A día de hoy estas cifras parecen irrisorias, pero para el fin del estado por llevar la educación al pueblo como medio de democracia y libertad suponía un leve desarrollo del país. Por todo el país se pudo ver que desde 1877 hasta 1900 las personas que sabía leer y escribir aumentaron desde un 34,72% en hombres y 14,68% en mujeres a un 42,16% en hombres y un 25,14% en mujeres4, siendo el de la mujer el mayor avance de la política liberal.
1Ñacle García. A. Tinta , plumas y papel. La instrucción primaria del siglo XIX en la ciudad de.
Albacete. de. Federación APAS “Bachiller Carrasco”, Albacete, 2006.
Albacete. de. Federación APAS “Bachiller Carrasco”, Albacete, 2006.
2Bahamonde. A, Martínez. J. Historia de España. Siglo XIX, de. Cátedra, 2001, Madrid.
3Vico, Mercedes. La Segunda enseñanza en Albacete a finales del siglo XIX en Congreso de Historia de Albacete, vol. IV. Edad Contemporánea. I.E.A, Albacete, 1984.
4Cifras obtenidas el Instituto nacional de estadística.
El
ordenador es un arma de instrucción masiva...y un estupendo
nivelador social para todos